2.  Los derechos de los extranjeros en los países islámicos

En este contexto, la palabra "extranjero" se entiende como un término legal moderno. Se refiere a quienes residen en un país diferente al de su nacionalidad legal. A fin de abordar este tema, explicaré el término legal islámico de "personas de la alianza" y demostraré que se aplica a los no musulmanes que entran a un país musulmán como embajadores, trabajadores, hombres de negocios, turistas y visitantes.

En la ley islámica, las personas de la alianza (gente cubierta por un pacto) son definidas así: son los sujetos de un país no musulmán que entran a un país musulmán en el contexto de un tratado o un acuerdo internacional que implica paz o interés mutuo.

En otras palabras, cualquier persona que tiene permiso para ingresar a un país musulmán cae en las normas legales de quien está amparado por la alianza, independientemente de su propósito al ingresar al país. Esta norma implica lo siguiente:

1.    Si un país musulmán admite extranjeros dentro de sus fronteras, ese país es responsable de protegerlos y de garantizar su seguridad. Debe prohibir que cualquiera les haga daño en sus personas o en sus bienes. Quien atente contra ellos es un criminal que merece castigo según los textos legales referentes a dicho crimen, y el Estado está obligado a ejecutar el castigo contra el perpetrador.

Independientemente de la razón por la cual la persona entró al país, el asesinato de una persona de la alianza es un pecado mayor en el Islam. Es suficiente con que el Profeta Muhammad haya dicho: "Quien mate a alguien con quien tenemos una alianza no percibirá el olor del Paraíso, a pesar que su fragancia puede ser detectada a la distancia de un viaje de 40 años"[1].

Debe enfatizarse que en el caso de que una persona de la alianza cometa un crimen, no le corresponde al pueblo castigarla, sino al Estado. El Estado tiene la jurisdicción exclusiva de perseguir al criminal a través de los procedimientos apropiados del sistema judicial. La culpa debe ser establecida en una corte legal y la sentencia debe tener lugar de conformidad con la ley.

Es un crimen atacar de cualquier forma a las personas de la alianza, ya sea que dicho ataque se trate de asesinato, hurto o calumnia. El Profeta dijo: "Dios le negará el Paraíso a cualquier persona que asesine a alguien con quien tengamos una alianza, y esa persona ni siquiera olerá su fragancia"[2].

También dijo: "No está permitido recibir los bienes de aquellos con quienes tenemos un pacto, sino por medio de un procedimiento legal"[3].

2.    Los residentes extranjeros en un país musulmán tienen el derecho a practicar su propia religión y a enseñarles su fe a sus hijos, con la condición de que no hagan proselitismo a los musulmanes ni traten de difundir su fe por toda la sociedad musulmana.

3.    Mientras quienes están cobijados por una alianza respeten la ley, no pueden ser deshonrados ni insultados en modo alguno a causa de su religión, ni pueden ser difamados.

4.    Ellos tienen derecho a viajar, reunirse, acceder a todos los servicios públicos, y el derecho a residir en el lugar que deseen. Las únicas excepciones al derecho de residencia son los precintos sagrados dentro de las ciudades de La Meca y Medina. Ellos pueden asociarse con quien deseen, y tienen los mismos derechos a los servicios públicos como agua, parques públicos, transporte público y mercados.

5.    El Islam permite a los residentes extranjeros mantener sus propias creencias religiosas, siempre que no hagan prácticas religiosas abiertamente conspicuas a la población musulmana ni les hagan proselitismo a los musulmanes. Tampoco pueden ser obligados a aceptar el Islam. Tienen derecho a aprender su propia religión y enseñársela a sus correligionarios. Se les permite establecer escuelas religiosas para sí mismos, de modo que puedan enseñarles a sus hijos.

6.    Ellos tienen derecho a tener propiedades, ganar un sueldo y comerciar en el país musulmán. Sin embargo, no pueden vender nada que sea ilícito en el Islam, ni siquiera si es permitido en su propia religión. Se les permite aprovechar los recursos públicos, como leña, pastizales y caza silvestre, de acuerdo a las leyes de la tierra.